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Acogen demanda de vulneración de derechos laborales en contra del Gobierno Regional de Valparaíso, fundado en discriminación arbitraria.

La acción tutelar fue interpuesta por don Álvaro Brignardello Valdivia, conocido dirigente del Partido Comunista, y patrocinada por la abogado Ana Fullerton. La sentencia fue dictada por el juez del trabajo de Valparaíso Juan Tudela Jiménez, quien reconoce actos de acoso y de discriminación por razones políticas del demandante por parte del Gobierno Regional de Valparaíso encabezado por el Intendente Jorge Martínez Durán.

En un contundente fallo de 67 páginas el Juez del Trabajo de Valparaíso reconoce que el conocido militante comunista y ex Presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios, fue víctima de vulneración de sus derechos laborales con ocasión de haber sido despedido con fecha 1º de abril de 2018, sin solicitar a su superior informe de gestión, ni de desempeño profesional alguno, que diera sustento al despido o bien de que hubiera cesado el cargo o función para el cual fue contratado.

El tribunal, pese a estar el trabajador contratado a honorarios, reconoció una relación de subordinación y dependencia, es decir de carácter laboral, regida por el Código del Trabajo, y no por el Código Civil, tal como pretendía la parte demandante. Establece el sentenciador en cuanto a la vulneración de derechos  o acción de tutela, que concurrieron los siguientes indicios:

1-Correlación temporal o proximidad en el tiempo entre la decisión empresarial y el ejercicio del derecho. 2- Comparación con otros trabajadores.

3- Los conflictos previos y suscitados durante la relación laboral

4- La flagrante ausencia de justificación de la decisión empresarial.

Con estos indicios se establece por el juez que: «Que, en relación al derecho vulnerado, el derecho a no ser discriminado, en nuestra legislación, está consagrado en el artículo 19 N ° 16 de la Constitución Política de la República y en el artículo 2° del Código del Trabajo y no es un derecho a un igual trato en cualquier circunstancia, sino que consiste en el derecho a no ser objeto de diferencias injustificadas, por motivos o criterios prohibidos o sospechosos, entendido, en nuestro derecho, como un derecho subjetivo, de carácter fundamental, para los trabajadores.». El demandante solicitaba su reincorporación, en virtud de supuestos actos discriminatorios fundados en su discapacidad física, lo que fue rechazado, por no concurrir indicio alguno que así sucediera. Se rechazó al trabajador la demanda de daño moral y de lucro cesante. Al haberse acogido la demanda de tutela laboral, se omitió pronunciamiento sobre el despido injustificado.

El intendente tiene la opción de impugnar el fallo ante la Corte de Apelaciones, habrá que ver si recurre, o si se conforma con la sentencia condenatoria.

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