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Caso Intervalores: Gabriel Urenda acuerda con fiscalía pago mínimo para compensar a víctimas en millonaria estafa

Querellantes cuestionan al Ministerio Público por no apelar a resolución que revocó prisión preventiva a Gabriel Urenda, fundador del holding financiero Intervalores y Sebastián González, gerente comercial.

El Ministerio Público resolvió no presentar una apelación a la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que revocó -el miércoles pasado- las prisiones preventivas que pesaban sobre Gabriel Urenda y Sebastián González, en el marco de la arista penal del denominado caso Intervalores.

Ambos son investigados por la fiscalía por los delitos de entrega de información falsa al mercado, estafa y apropiación indebida en un esquema piramidal que afectó a 80 víctimas con un perjuicio cercano a los $11.000 millones.

El fiscal a cargo de la indagatoria, Felipe Sepúlveda, explicó a La Tercera PMque la decisión de no apelar se debió a que “la prisión preventiva fue extensa para este tipo de caso, considerando más de seis meses y al hecho fundamental que Urenda ha comenzado a reparar, entregando a la fiscalía sumas de dinero para reparar a las víctimas”.

Si bien el persecutor declinó detallar el monto pagado por el hijo del ex senador UDI y fundador del Grupo de Empresas Navieras (GEN), Beltrán Urenda, fuentes conocedoras del proceso explicaron que el fiscal se reunió con un grupo de querellantes para anticipar su decisión. En dicha cita, que se concretó la semana pasada, la fiscalía habría revelado sus intenciones de no perseverar en su arremetida en contra de ambos porque Urenda iba a pagar una parte menor de lo adeudado.

Lo anterior ha generado molestia por parte de querellantes que cuestionan la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la apelación por reestablecer la prisión preventiva en contra de ambos imputados que acumularon un total de siete meses recluidos en el penal de Capitán Yáber.

La comercializadora de azúcar Panor, del grupo guatemalteco Pantaleón, que operaba con Intervalores para el pago de sus proveedores en el extranjero cuestionó la resolución de la fiscalía. La compañía acusa un perjuicio total de $1.152 millones.

El abogado Rodrigo Ávila, en representación de Panor, sostuvo: “Con respecto a la libertad de los imputados Urenda y González, Panor mantiene su posición de rechazar dicha decisión y en dicho contexto presentó un recurso de apelación el día de ayer, el cual esperamos sea revocado por la Corte. Entendemos que al menos nueve querellantes también presentaron recursos de apelación en contra de la resolución dictada por el Tribunal de Garantía. El Ministerio Público no habría apelado porque la defensa de Urenda al parecer habría entregado $50 millones”.

Por su parte, el abogado Ángel Valencia, socio del estudio Cisternas y Cia sostuvo que apelaron respecto de las dos resoluciones que dejaron en arresto domiciliario nocturno y de arraigo nacional a Sebastián González y Gabriel Urenda.

“Habría sido preferible que la fiscalía apelara, pero no sería la primera oportunidad en la que la fiscalía no hace una solicitud de esta naturaleza. Los tribunales accederán a lo que los querellantes estamos pidiendo”, sostuvo el abogado que representa a 10 víctimas con un perjuicio total de $1.600 millones.

Cabe recordar que el Ministerio Público no solicitó en la formalización de Sebastián González la dictación de prisión preventiva, y fue un grupo de querellantes los que acudieron a la Corte de Apelaciones de Santiago y revertió dicha resolución.

No obstante, el fiscal persistirá en su investigación y solicitará nuevamente ampliar el plazo de la indagatoria que expira el próximo 15 de junio.

Las promesas incumplidas

Según detalló el Ministerio Público en la audiencia de formalización de ambos imputados, Intervalores S.A. ofrecía a numerosas personas en Santiago, Concepción, Temuco y Valdivia inversiones con rentabilidades aseguradas del orden de 0,5% al 0,8% mensual por medio de instrumentos financieros de bajo riesgo.

Por medio de un contrato de tipo denominado “Mandato de Administración”, los inversionistas víctimas enviaron sus dineros con el objetivo de obtener las rentabilidades prometidas. Sin embargo, el fallido holding financiero habría utilizado dichos fondos para mantener su operación.

FUENTE: Diario La Tercera.

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