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Corte de Apelaciones de Valparaíso, declara inadmisible recurso de protección en contra del Ministro Arancibia, por negar pruebas a la defensa del Capitán de Navío Patricio Villalobos.

Conversamos en extenso con Javier Gómez, el abogado defensor del Capitán de Navío (R) Patricio Villalobos, por el presunto secuestro de don Juan Andrés Blanco Castillo, quien  interpuso la acción cautelar por vulnerarse el derecho a defensa y la igualdad ante la ley, por la negativa arbitraria e ilegal del Ministro Arancibia, de rechazar todos los medios de prueba hechos valer por la defensa, y por estimar que el Ministro, actúa como comisión especial, por estar derogados los Ministros en Visita Extraordinaria en materia penal, desde el año 2000, y esta causa comenzó a tramitarse el año 2009, cuando ya estaban derogados dichos tribunales. Ante la inadmisibilidad del recurso de protección dictado por la Primera Sala  de la Corte de Valparaíso, el profesional presentó recurso de reposición, con apelación subsidiaria, en contra de la declaración de inadmisibilidad, de la que conocerá en definitiva la Excelentísima Corte Suprema.

           La Excelentísima Corte Suprema deberá resolver la inadmisibilidad del recurso de protección interpuesto por el abogado Javier Gómez, en contra del Ministro en Visita Especial, Jaime Arancibia Pinto, por lo que el profesional estima un proceder ilegal y arbitrario en contra de su representado, ya que la Primera Sala de la Corte de Valparaíso, integrada por los Ministros Patricio Martínez Sandoval, Inés María Letelier Ferrada y Mario Gómez Montoya, estimaron que el recurso de protección interpuesto por la defensa de Villalobos, inadmisibilidad, decisión de la Corte porteña, que se fundó en que:

«Atendido que de los hechos expuestos, no se advierte alguna vulneración o amenaza en contra de los derechos fundamentales del ó recurrente, garantizados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y visto lo dispuesto por el Auto Acordado sobre la materia, se declara inadmisible el recurso de protección deducido por el abogado Javier Gómez González, contra el Ministro Sr. Jaime Arancibia Pinto.»

El profesional señala «…se nos ha negado la presentación de testigos claves como los ex- Presidentes de la República y todos los ex Comandantes en jefe de la Armada, pese ha haberse aprobado la lista de testigos y su minutas de preguntas cinco meses atrás por el propio Ministro Arancibia, y sin que fuera impugnada la resolución por ninguna de las contrapartes. Es decir, de facto el tribunal no cita u oficia a 11 testigos que son claves en el presente caso, impidiendo rendir prueba legalmente decretada. Eso es abuso de poder, y hasta puede constituir torcida administración de justicia. Se nos negó igualmente interrogar a los peritos que evacuaron su informe a petición del tribunal; también, se nos impidió presentar nuestros propios peritos; igualmente, se nos ha impedido poder interrogar a los testigos que declaran en el sumario; además, se nos ha impedido interrogar a los acusados sobre sus dichos en la etapa secreta del sumario; se nos ha impedido citar a absolver posiciones a las contrapartes, y se nos ha negado mas del 90% de los oficios. Todas estas negativas son carentes de razón, de argumentos y de derecho. Hay un abuso de la actividad y potestad jurisdiccional, que no se puede permitir. Este proceder es claramente abusivo, ilegal y arbitrario, y nos parece de la máxima gravedad, cuando un privado es sometido al poder sancionatorio del Estado, y quien debiera velar porque reine el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de las personas, que no es otro que el juez, sea el propio encargado de vulnerar dichos derechos, desconocer garantías de que son titulares los procesados. El proceder del juez Arancibia Pinto, ya ha sido cuestionado anteriormente en esta causa por la defensa del capitán Villalobos, a través de dos recursos de amparos, los que fueron desechados por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema.», con este proceder, no puedo entender que la Corte de Apelaciones de Valparaíso señale que no hay ni amenaza, ni perturbación ni privación a la igualdad ante la ley, si todo ciudadano tiene derecho a un juicio racional y justo, y ello implica poder rendir prueba para poder defenderse, si se desconoce ese derecho a una persona, esa persona está siendo discriminada, y por tanto se afecta claramente la igualdad ante la ley, que está protegido por la acción constitucional de protección en el artículo 20 de la Constitución Política, no siendo efectivo que no exista amenaza, perturbación o privación a alguna garantía del artículo 20 de la Constitución Política. No creo que haya persona que estime lo contrario, y por eso, nos sorprende la declaración de inadmisibilidad dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

         «ABUSO DE ANTOLOGÍA»

      Existe una norma legal que sanciona al abogado que demora excesivamente un proceso a través de la presentación de diversos incidentes, obligándolo a consignar una suma de dinero para promover un nuevo incidente, es decir, una discusión anexa a la discusión principal del juicio.  Dicha sanción se aplicó al abogado Gómez, pero éste señala: «Paradójicamente yo no había perdido dos incidentes en todo el juicio, que había durado mas de nueve años, el tribunal ni siquiera certificó las fojas donde constaba la pérdida de dichos incidentes, como se hace siempre, y como guinda de la torta, determina que para promover un nuevo incidente debo consignar o depositar la suma de 10 UTM, es decir, casi 500 mil pesos. ¿No sé que pensarán los Ministros de la Corte Suprema sobre esta medida?. Ello, lo único que busca es limitar nuestro derecho a defensa. Yo creo que este caso debe ser único, generalmente los jueces obligan al pago de 0,5 ó 1 UTM. Cuando se me privó de los testigos ya aceptados, para corregir ese error, presenté un recurso de reposición, que no es un «incidente», por lo que no estoy obligado a consignar, y el Ministro Arancibia, me rechaza el recurso de reposición en contra de su medida arbitraria e ilegal, de no citar testigos a declarar, por no consignar la suma de 500 mil pesos. Esto es un claro trato discriminatorio y abusivo, que priva no sólo de los medios probatorios de defensa, sino que además de los recursos para corregir errores o abusos del tribunal, es decir, lo quiere el Ministro es provocar nuestra indefensión plena.  Me acusó de litigar de mala fe y de demorar el proceso, pero los únicos incidentes perdidos se habían promovido dos días antes de esta sanción, por incidentes promovidos junto con la contestación, los que rechazó de plano, por lo que ni hubo ni siquiera discusión. Por tanto, la demora provocada por estos dos incidentes fue de dos días. No veo, como dos días puedan entenderse como una forma de dilatar indebidamente un proceso de larga data. Lo mas paradójico, es que el tribunal lleva investigando diez años y aun no se dicta sentencia definitiva, y en diez años son los únicos incidentes perdidos por este profesional. Les recuerdo a los lectores, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el plazo máximo de investigación entre primera, segunda instancia y la Suprema, son cinco años, y que excederlos viola por parte del tribunal, es decir, del Estado de Chile, el derecho humano de ser juzgado en un tiempo racional y justo. Todos los derechos procesales como puede ver se desconocen, como ha desconocido expresamente el Ministro y por escrito en sus resoluciones judiciales, el derecho que le asiste a la parte a guardar silencio y de la presunción de inocencia, que son derechos humanos, consagrados en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y que el juez desconoce y holla, de manera impune.

 

LOS ÚLTIMOS SUCESOS PROCESALES EN LA CAUSA PENAL POR SECUESTRO DE JUAN BLANCO CASTILLO.

     Al ser consultado sobre la causa penal en que incide el recurso de protección, el abogado Gómez nos señala sobre el estado actual de la causa: «El día viernes cesó el término de prueba en esta causa, y se interrogó a dos testigos que insinuaban la participación del Capitán Villalobos, me refiero a Juan Ignacio Benítez Douds y Roberto Jaime De la Paz, quienes al declarar y ante las preguntas formuladas por los abogados reconocieron una serie de hechos interesantes, que marcan muchas contradicciones en sus relatos. Entre las cuestiones más interesantes es que ambos aclararon expresamente que Patricio Villalobos, no torturó, no mató, ni secuestro a la víctima ni a otra persona, ni dió orden en tal sentido, como habían insinuado en sus declaración del sumario, que las prestan de manera privada con el Ministro, y sin presencia de los abogados defensores, cuestión del todo ilegal para Gómez. Entre los antecedentes acompañados de interés se encuentra la copia de un documento que es parte de un expediente de Consejo de Guerra, que pedimos se trajeran varios de ellos a la vista, pero el tribunal también nos negó a esta defensa, donde consta que el jefe del SICAJSI, a quien la querellante responsabiliza de la desaparición de Juan Andrés Blanco Castillo, no era Patricio Villalobos Lobos, como sostenía la querellante, sino que el Capitán de Navío Enrique Fuenzalida Vigar, antecedente que también exculpa al comandante Villalobos, de cualquier participación en el delito de secuestro. También ambos testigos coincidieron que la detención de Blanco Castillo, fue legal, de acuerdo a la legislación vigente de estado de excepción, ley de control de armas, ley de Seguridad de Interior del Estado y Código de Justicia Militar, con lo cual al haber detención legal, no existe secuestro, el cual siempre requiere una detención o encierro contra derecho». Lo anterior, demuestra que mi cliente debería ser absuelto. Pues los presupuestos de las querellas y de las acusaciones, no se sostienen. Pero hoy no sabemos como fallará un Ministro, que contra toda lógica, contraviniendo las máximas de la experiencia, y el sentido común mas básico, y sin que exista ningún indicio grave, ha sostenido durante diez años la muerte de Blanco Castillo, sin que exista cadáver, acta de autopsia, certificado de defunción, sentencia judicial o testigos que lo individualicen certeramente y que acrediten su muerte. Y ha sostenido además el Ministro, el secuestro que según su acusación duraría hasta el día de hoy, de una persona muerta hace 45 años, y que nunca nadie ha visto encerrada o privada de libertad después de 1974. Pese a que se le ha preguntado, el Ministro, no sabe ni ha visto al secuestrado, al igual que el personal policial que jamás en los nueve años constató ni demostró el encierro o privación de libertad de Blanco Castillo.

 

      GRAVE VIOLACIÓN A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DEL ADULTO MAYOR.

         Gómez explica que atendido que Patricio Villalobos Lobos ya tiene ochenta y cinco años, tiene el carácter de adulto mayor, por lo que se le aplica la Convención Interamericana del del Adulto Mayor, por lo que se violan los siguientes derechos que consagra dicha convención en la que el estado es Parte, y por tanto, es ley de la república y que obliga también a los tribunales y sus integrantes de manera ilegal: artículo 9 Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. Para los efectos de esta Convención, se entenderá por violencia contra la persona mayor cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra. El artículo 10: Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La obligación de filiarse, tener orden de arraigo permanente, mantener sometida a la acusación de crímenes que no cometió, vulnerar la honra y buen nombre, so pretexto de investigación de crimenes y especialmente enfrentar dichos vejámenes a los ochenta y cinco años, es sin duda, recibir un trato degradante. El artículo 13: Derecho a la libertad personal Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención. EL Artículo 31, asegura el Acceso a la justicia La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

        Señala Gómez, que: «Es tremendamente preocupante que sea un agente del Estado, e integrante del Poder Judicial, quien a través de un abuso manifiesto de sus potestades, discrimine, violente, a través de actos de violencia psicológica, pues el abuso y aplicar la ley de manera abiertamente torcida, para imponer una pena, es un hecho de fuerza, por el cual se anulan todos los derechos procesales, generando un trato cruel, inhumano y degradante por parte del Ministro al afectado. Niega los informes psicológicos que debe hacer por ley a todo adulto mayor de 70 años, niega realización del informe presentencial, aceptando utilizar a proposición de Gendarmería, uno realizado hace mas de 15 años, como si las circunstancias y el estado personal, no cambiarán después de tan largo tiempo. todas estas medidas arbitrarias, perjudican siempre a mi representado.

 

         LO QUE VIENE.

        La Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce el derecho de un recurso judicial efectivo y rápido, ante grave violaciones de derechos humanos, por ello consideramos alarmante el rechazo sucesivo de los recursos de amparo y ahora con la inadmisibilidad del recurso de protección que hemos hecho valer dando cuenta de estas arbitrariedades en la substanciación del juicio penal tramitado por el Ministro Arancibia, que lo que buscan es lograr una condena injustificada. tenemos fe en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y en cada uno de sus ministros, así como en la Corte Suprema, pero esta inadmisibilidad ante hechos graves nos deja un tanto perplejos. pero agotaremos todas las instancias, incluso las internacionales de ser necesario.

       Lo que ha sucedido en esta causa es muy grave a nuestro parecer, pues se simula un delito, se simula una participación de los acusados en el delito, y se tuerce el claro sentido de la ley, y para sostener esa tesis simulada del secuestro, y que es del todo falsa, es necesario impedir que las defensas puedan realizar pruebas que muestren la falsedad de esta entelequia que es el secuestro. Y también debe aplicarse un procedimiento que permita abusos y que impida el ejercicio pleno de las garantías procesales de los encausados, y por ello, se aplica el procedimiento penal inquisitivo ya derogado. Y además, para sostener esta entelequia y simulación, se asigna las causas  a un tribunal igualmente derogado, como son los ministros en Visita Extraordinaria en materia penal. Evaluaremos la presentación de medidas disciplinarias, ya que este proceder atenta contra una infinidad de artículos del Código Iberoamericano de Ética Judicial, el cual se aplica a nuestro Poder Judicial; o, la presentación de un Amparo profesional ante el Colegio de Abogados, a fin de que este intervenga, y finalmente, no descartamos, y cada día toma más fuerza la presentación de acciones penales en contra del Ministro Arancibia, pues hace mucho rato creemos se ha vulnerado la ley, de manera abusiva, aplicándola de manera torcida, conducta que puede revestir eventualmente el carácter de delito, y no podemos aceptar que una persona inocente como el capitán de Navío Patricio Villalobos, sea condenado en virtud del desconocimiento de sus derechos fundamentales, de sus garantías procesales las cuales han sido conculcadas y por la comisión de eventuales delitos de un Juez de la República, todo ello para poder condenar en causas, que no existe mérito para ello. No debe imitarse en Chile, el lamentable proceder del ex- juez Baltazar Garzón, quien fuera condenado en España, por el delito de prevaricación, y expulsado de la judicatura. De paso, se mancha a una institución prestigiosa, como lo es la Armada de Chile. Sólo así se explica, la injusta querella criminal en contra del Comandante en Jefe de la Armada de Chile. Aplica plenamente lo que dijo Platón hace ya muchos siglos atrás, que «La peor forma de injusticia, es la justicia simulada.» Creo que hay que hacer todo lo posible por romper esta forma de injusticia.

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