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Defensa de Capitán de Navío Patricio Villalobos, (R) pide marginar al Ministro en Visita Jaime Arancibia, del conocimiento de causas de DD.HH., y solicita que el caso pase al Juez de Garantía.

Esta vez, la defensa del Capitán de Navío (R) Patricio Villalobos, señala que debe ser juzgado al igual que todos los chilenos por un Juez de Garantía y bajo el procedimiento penal nuevo (acusatorio) y no por el procedimiento derogado (inquisitivo), pues constituye una discriminación arbitraria y que viola múltiples derechos humanos. Primera vez que se solicita incompetencia de Ministros en Visita, solicitando que pasen los antecedentes al tribunal de Garantía por esta vía procesal. Anteriormente, se ha solicitado por el Tribunal Constitucional vía requerimientos de inaplicabilidad de las normas del procedimiento inquisitivo, lo que no ha prosperado.

    En un contundente libelo, la defensa del Capitán de Navío de la Armada de Chile en retiro, llevada por el abogado Javier Gómez, solicita la declaración de incompetencia  de la causa  en virtud de que se ha aplicado sistemáticamente, a juicio del profesional, erradamente el criterio dado por el Código Procesal Nuevo, para determinar las causas que quedan bajo su vigencia. De acuerdo al escrito, que www.poderinformativo.cl tuvo acceso exclusivo, señala que el artículo 483 del Código Procesal Penal, señala: Artículo 483.- Aplicación de las disposiciones del Código. Las disposiciones de este Código sólo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia.»

Según el profesional, estima desde el momento que su representado está procesado y acusado por la supuesta comisión del delito de secuestro, y que en los propios dichos del propio ministro, este delito se está cometiendo permanentemente desde 1973 al año 2018, de manera permanente,  los hechos que tipifican el delito, acaecen con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. En la práctica, por ser un delito permanente, los hechos acaecen bajo la vigencia de los dos Códigos, el de Procedimiento Penal, que consagra el procedimiento inquisitivo, y el Código de Procesal Penal, que contiene el procedimiento acusatorio, circunstancia que no regula el Código, pero sí los principios generales del derecho y algunas normas legales, junto con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria para nuestro país. Señala el abogado en su escrito que los principios generales del derecho que determinan que deba conocer un juez de Garantía, y no un Ministro en Visita en materia penal, con aplicación del procedimiento inquisitivo:

1.- Principio Pro reo: Debe aplicarse la ley procesal más favorable al reo, que sin duda la constituye el procedimiento acusatorio que contempla el Código Procesal Penal, frente al sistema acusatorio inquisitivo que contiene el Código de Procedimiento Penal. Se consagra positivamente en el artículo 11 del Código Procesal Penal.

2.- No discriminación arbitraria: No existe razón alguna para aplicar un procedimiento penal vulneratorio de los derechos humanos y por ende, mas perjudicial, que el que se aplica a todos los chilenos, pues ello constituye una discriminación arbitraria. Artículo 19 Nº 2 de nuestra Constitución Política.

3.- Control de Convencionalidad: El Control de Convencionalidad, implica que los jueces están obligados a cautelar que las normas legales que aplican no vulneran los derechos fundamentales. Si las normas jurídicas o leyes vulneran normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, por ser contrarias a ellas, como sucede con el procedimiento penal inquisitivo que se está aplicando al Capitán de Navío Patricio Villalobos, dichas normas legales son ineficaces ab initio y sin ningún valor, según estableció el fallo Almonacid Arellano contra Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues el juzgamiento se hace con aplicación de leyes que vulneran los derechos fundamentales del imputado, lo que no es admisible bajo ningún respecto. Pero en Chile ello sucede todos los días y lo mas grave, es que quien aplica esas leyes es el Poder Judicial, quien tiene el deber de promover y respetar y hacer respetar los derechos humanos. Tremendamente grave, es que el Ministro Arancibia haya sostenido, que el no está obligado a respetar el Control de Convencionalidad en materia de derechos humanos, en un informe evacuado en un recurso de amparo. Como puede verse en el video del Jurista mexicano Miguel Carbonell, ese control es OBLIGATORIO y además debe realizar de OFICIO por el juez, es decir, sin que se lo soliciten las partes. (VER VIDEO).

 

 

     Pero además, el abogado defensor Javier Gómez, agrega con estupor, «Existe una razón ineludible, para que el Ministro Jaime Arancibia deje de conocer en estas causas, y es que los Ministros en Visita, fueron derogados absolutamente y para todos los casos en materia penal, el año 2000, y resulta que esta causa se comenzó a tramitar, en el año 2009. Es decir, con nueve años de anterioridad los Ministros en Visita ya no existían y no obstante designan un tribunal inexistente para conocer de estas materias, por lo que claramente estamos ante un COMISIÓN ESPECIAL, lo que la Constitución Política prohibe en su artículo 19 Nº 3 y el Código Procesal Penal, en su artículo 2, por lo que el proceder del juez es del todo ilegal, pues actúa fuera de sus facultades. Y además, adolece de Nulidad de Derecho Público, que es una nulidad insubsanable y ab initio, es decir, desde las primeras actuaciones.

 Es decir, a mi representado se le juzga por un tribunal incompetente, con un procedimiento penal derogado y vulneratorio de los derechos humanos y además, por un tribunal igualmente derogado que se constituye en comisión especial. Y esto desde el punto de vista del los derechos humanos del imputado, es kafkiano, terrorífico y alejado de las normas más básicas del debido proceso, careciendo de legitimidad todas las sentencias condenatorias que se dicten en estas condiciones, lo que es un grave daño al estado de Derecho, y al juzgamiento de materias tan delicadas como las violaciones de derechos humanos.

II.- Cautela de garantías.

Se pide además a la Juez de Garantía, que se defienda la vulneración de Derechos Humanos que se  está cometiendo en contra del imputado Patricio Villalobos Lobos, comenzando por el derecho a ser juzgado por el juez natural, es decir, por el juez competente, pues a juicio del profesional esa es la vulneración de derechos que permite ulteriormente, el juzgamiento por un tribunal derogado como los Ministros en Visita penal, es decir, una comisión especial,  y la aplicación de un procedimiento penal que fue derogado justamente por violar los derechos fundamentales o derechos humanos. El juez de Garantías debe proteger al imputado los derechos fundamentales que estén consagrados en la Constitución, en las leyes y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Esto se ve reforzado por el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que entrega criterios de interpretación en materia de derechos humanos, como expresa acertadamente el profesor Humberto Nogueiera Alcalá, en el video aquí acompañado, ya que la aplicación del procedimiento penal antiguo, vulnera los cuatro principios contenidos en el artículo 29 de la CADH. (VER VIDEO)

El procedimiento penal inquisitivo viola un sin fin de derechos garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH) entre los que se cuentan los siguientes:

1. La presunción de inocencia Art. 8.2. CADH;

2. Se vulnera el derecho a no tomar declaración jurada al imputado;

3. Se desconoce el derecho a ser juzgado por tribunal imparcial en su faz objetiva, (procesa y acusa, señalando su convicción de que el imputado es culpable, y recibe la prueba y dicta sentencia) Art. 8.1. CADH;

4. Se conculca el principio de legalidad o tipicidad penal, ya que no se señalan los hechos que revisten el carácter delitos o se procesa por hechos que no son antijurídicos. Art. 9 CADH;

5. Se desconoce el derecho a no ser juzgado por el juez natural o competente, ya que estos hechos acaecieron en tiempos de guerra, en recintos militares y bajo la vigencia de la ley de seguridad interior del Estado y en Estados de excepción Constitucional) Art. 8.1. CADH;

6. Se vulnera el derecho a no ser discriminado en la aplicación del procedimiento penal acusatorio que es el vigente para todos los chilenos Art. 8.2. y 24 CADH;

7. Se vulnera el derecho del principio pro reo, al aplicarse penas procesales mas rigurosas al juzgado; Art. 9. CADH

8. Se desconoce el derecho a no ser escuchado u oído por el tribunal (se le ha citado 3 veces a declarar en 8 años, sin asistencia letrada la cual se ha impedido) Art. 8.1. CADH;

9. Se conculca el derecho a ser sometido a un juicio penal público Art. 8.5. CADH y oral en que exista intermediación con el juez y la prueba, de hecho el amparado no conoce al juez que lo acusará y juzgará;

10. Al ser secreto el proceso y restringido su acceso, en 9 años de investigación la defensa no ha podido controvertir la prueba en el momento que se rinde; Art. 8.5. CADH

11. Se excede el tiempo racional de investigación penal. Art. 8.1. CADH

12. No derogar absolutamente la legislación procedimental que vulnera los derechos humanos en materia penal, en particular el Código de Procedimiento Penal, incumpliendo el deber de adecuación de la legislación interna. Art. 2 CADH

13. El no respetar los derechos humanos al aplicarse esta legislación por el Poder Judicial, que a sabiendas vulnera los derechos fundamentales. Art. 1. CADH

14.- No se formula acusaciones previas y detalladas, sino que se formula genéricamente, sin señalar cual es el hecho que tipifica el secuestro. 8.2. letra b) CADH 

     De no acogerse por el juez de garantía cabrá la duda que, en estos juzgamientos se logran las condenas a través de una violación sistemática de los derechos humanos de los procesados, lo que es necesario para validar una mentira, como es la comisión de múltiples secuestros por una misma persona, el que según el Ministro en Visita, está ocurriendo hace 45 años, pero que no aparece secuestrado alguno, ni se señala en que parte estaría secuestrada, la presunta víctima, y con ello estaría renunciando el Poder Judicial a su rol de garante de los derechos humanos y de la aplicación recta de la ley. Es un tema complejo, que esperaremos atentos como resuelve los jueces de garantías estas peticiones, quienes deberán citar a una audiencia para discutir ambas peticiones formuladas por la defensa del Capitán de Navío en retiro Patricio Villalobos Lobos.

 

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