Inicio / Opinion / Deuda externa Argentina y anticorrupción. Cuando la urgencia nos lleva al lugar equivocado.

Deuda externa Argentina y anticorrupción. Cuando la urgencia nos lleva al lugar equivocado.

Urgencia, Deuda externa y prevención de la Corrupción. El Caso Argentino.

            De nada sirve llegar rápido… al lugar equivocado. Tal es el caso de la República Argentina que eliminó los controles preventivos anti corrupción de la ley de negociación de la deuda externa. Este es el objeto de esta nota.

Argentina y la deuda externa

            Uno de los problemas urgentes que enfrenta la Argentina es el pago de la deuda contraída, especialmente la deuda externa.

            Argentina ya ha sufrido largos juicios en el exterior, particularmente en Nueva York, por la falta de pago de bonos emitidos bajo la jurisdicción de esa ciudad luego del declarado default en 2001. Esos juicios fueron especialmente dolorosos para el país porque los acreedores procuraban todo tipo de embargo de bienes en el exterior.

En este momento, la posibilidad de juicio contra el país parece más grave que en la década pasada: ahora el valor de los commodities está muy bajo y no se generan los increíbles ingresos de entonces.

            La situación financiera de Argentina se deterioró rápidamente luego de la suba de la tasa de Interés de la Reserva Federal que determinó que muchos capitales se retiraran de países emergentes. En el caso de Argentina, esto fue particularmente dañino por la delicada situación financiera heredada del gobierno que concluyó en 2015.

            La gravedad de la situación motivó que el gobierno del Ingeniero Macri recurriera a un préstamo de urgencia del FMI al país, sino que la suma prestada es un récord histórico (U$S 57.000 millones) y lamentablemente Argentina se convirtió en un tema de conversación en reuniones y seminarios.

            Con elecciones previstas a fines de 2019, el gobierno tomó medidas de emergencia a la espera que el nuevo elegido adoptara un camino definitivo sobre cómo encarar el pago de la deuda.

La ley de negociación de la ley deuda externa

            Con este panorama el nuevo gobierno del Dr. Alberto Fernandez tomó dos decisiones: una fue suspender directamente los pagos de la deuda interna y la otra fue encarar una negociación con los acreedores externos (principalmente en Estados Unidos).

            Como el manejo de la deuda interna y externa corresponde según la Constitución al Congreso de la Nación (art.75 inc.7), éste dictó una ley donde, en lo esencial, autoriza al Poder Ejecutivo y especialmente al Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, a efectuar la negociación de la deuda externa.

Con los antecedentes de la delicada situación financiera y de la amenaza de los juicios en el exterior, el 12 de febrero de 2020 se dictó la ley 27544 de “Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Emitida Bajo Ley Extranjera”. La ley dispone: “Declárase prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera…Autorizase al Poder Ejecutivo nacional a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera”, autorizándose al Poder Ejecutivo a efectuar las operaciones necesarias para negociarla.

La ley de negociación de deuda externa y la prevención de la corrupción

            El gran problema que tiene esa ley es que, por intentar dar al gobierno un instrumento en forma urgente para negociar la deuda externa, ha eliminado los controles preventivos anticorrupción.

El artículo 4 de la ley, dispone: “Los contratos que se suscriban en los términos de la presente ley, no estarán alcanzados por las disposiciones del decreto 1023/01, sus modificatorios y complementarios” (el “01” significa año 2001).

            El decreto, que resulta excluido por esta ley, dispone un sistema de prevención de actos de corrupción en los contratos y negociaciones de la Administración Pública.

            Si bien la ley dispone que antes de firmar algunos de esos convenios dictamine la Sindicatura General de la Nación, lo cierto es que la Sindicatura no podrá observar tales contratos por la violación de los sistemas anticorrupción.

El sistema anticorrupción que resulta excluido

            El sistema del decreto, sancionado hace casi 20 años y que ahora la ley declara inaplicable, establecía la transparencia de los procedimientos (inc.c), la publicidad y difusión de las actuaciones (inc.d) y la igualdad de tratamiento (inc.f).

            El articulo 9 del decreto dispone “La contratación pública se desarrollará en todas sus etapas en un contexto de transparencia…y facilitar el acceso de la sociedad a la información…lo cual posibilitará el control social sobre las contrataciones públicas”.

 Más peligroso, resulta la exclusión del artículo titulado “ANTICORRUPCION” que sostiene que se rechazará el contrato donde se haya ofrecido “dinero o cualquier dádiva a fin de que… a) Funcionarios o empleados públicos … hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, b) hagan valer la influencia de su cargo… c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público … a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones…”(art.10 del decreto).

 El art.14 del sistema anticorrupción, que también se excluye de esta negociación, dispone la responsabilidad de los funcionarios por los daños que su conducta causen al Estado sea por dolo o culpa.

            Tal vez alguien podría argüir que el decreto 1023/01 no sería aplicable a operaciones de crédito como los de la deuda externa. Pero si fuera así, no tendría sentido que la ley, expresamente, excluyera a tal norma en el caso de la deuda externa.

Si bien es cierto que la ley no dispone que se excluyen el Código Penal, ni las Convenciones anti corrupción (Interamericana, ONU y OCDE sobre soborno de funcionarios público extranjeros) etc. Pero no lo es menos que un imputado podría argumentar que la ley de deuda externa es una ley y que, como tal, tácitamente reforma otras normas penales. Y con ese razonamiento señalar que existe una ley penal más benigna que ahora no penaría lo que en otras normas se saciona.

En conclusión, como está regulada la negociación de la deuda externa, parecería que el proceso de negociación puede ser secreto, que un funcionario podría estar autorizado a recibir dádivas o ejercer la influencia de su cargo indebidamente o que los daños que genere, aún con dolo, no serian reprimidos.

No sólo eso. Como se trata de una ley del Congreso, una persona que fuera imputada por alguna de esas conductas podría argüir que la ley 27544 es una ley penal más benigna y, como ley que es, modificatoria de las leyes penales.

 ¿Consecuencias no queridas?

No estoy pensando en que hubo una intencionalidad de generar o permitir conductas delictivas. Creo que la intención del Congreso fue permitir una negociación más ágil de la deuda externa. Es que el decreto que resulta excluido, establece otras regulaciones tales como hacer licitaciones u otras regulaciones de procedimiento que son inconvenientes para una negociación como la de la deuda externa.

La solución entonces pasa en reformar la ley, cuanto antes, señalando que no resultan excluidas de ese decreto, las disposiciones anticorrupción.

Conclusiones. Reformar la ley.

NO hay dudas de la urgencia en encarar una negociación por la deuda externa Argentina. Pero la rapidez para esa negociación no puede ser a expensas de la legitimidad de esa negociación.

Esta ley no sólo ensombrece a los funcionarios argentinos, no sólo ensombrece a los acreedores privados, sino que también ensombrece a funcionarios públicos extranjeros y de organismos multilaterales que estuvieran involucrados en la negociación.

Seguramente, la intención del Congreso no haya sido permitir actos de corrupción, pero no resulta una buena señal excluir las normas del decreto que hacen a la transparencia y, especialmente, al control PREVIO de la corrupción.

            Si el objetivo de la exclusión del decreto es agilizar el proceso de renegociación de la deuda pública, objetivo loable por cierto, no debería alcanzárselo sacrificando su transparencia.

 

Marcelo Octavio de Jesús.

@mrcelodejesus

abogado, ex presidente de FORES, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, Argentina, Actualmente representa a FORES en los Nodos Nacionales Anti Corrupción del Summit of the Americas – OEA.

Ver tambien

CABILDOS CALLEJEROS AUTOCONVOCADOS EN VALPARAÍSO.

Cabilderos Valparaíso, es la iniciativa de los abogados Leonardo Contreras y Alex Vattuone, por medio …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *