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Empresa de ex- Intendente Celis y actuales SEREMIS de Energía y obras públicas de Valparaíso, desarrolla estudios de impacto ambiental, con clara transgresión del principio de probidad administrativa.

La Contraloría General de la República debería pronunciarse sobre la legalidad de CBLS Ambiental, empresa que realiza principalmente estudios de impacto ambiental que son presentadas al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), está constituída por tres socios: Rodrigo Sepúlveda Pesoa, actual seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Raúl Celis Montt, ex intendente de Valparaíso; y Hernán Brücher, director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental. Gonzalo Le Dantec, actual Seremi de Energía de la región, ex socio de CBLS y actual socio de la empresa de asesorías ambientales Total Risks Consulting, votó a favor de la construcción del proyecto inmobiliario de Oscar Lería -cuñado de Andrónico Luksic- en Quirilluca.

El 13 de marzo de 2018, el presidente Sebastián Piñera nombró al abogado Hernán Brücher Valenzuela como Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), un organismo público que tiene por objetivo contribuir al desarrollo sustentable, la preservación y conservación de los recursos naturales y la calidad de vida de los habitantes del país, gestionando, por ejemplo, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Antes de este nombramiento, Brücher fue jefe del equipo de evaluadores para apoyo regional de la División de Evaluación Ambiental del SEA en Valparaíso desde abril de 2013 hasta marzo de 2014. Ese mismo año, pero un mes después, Brücher junto a otros tres socios, constituyó una nueva empresa llamada CBLS Ambiental S.A.

Los otros tres socios eran: Raúl Celis Montt, Gonzalo Le Dantec y Rodrigo Sepúlveda Pesoa. Todos ocupan o han ocupado cargos públicos de relevancia en Valparaíso. Una modificación realizada en el año 2016, dejó fuera de la empresa a Le Dantec, quien ese mismo año, constituyó otra empresa de asesorías ambientales, junto a su hermano Enrique: Total Risks Consulting, operativa hasta el día de hoy.

En el extracto de la creación de la empresa se detalla el objetivo de CBLS Ambiental. “Prestación de todo tipo de servicios profesionales, especialmente en materia legal y ambiental, a la industria, comercio y empresas en general, incluyendo elaboración de estudios y declaraciones de impacto ambiental, proyectos, servicios de control, encargos, gestión de permisos y autorizaciones administrativas (…)”.

El perfil de los socios.

Gonzalo Le Dantec es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y era socio/consultor de la empresa CBLS Ambiental. Actualmente su empresa de asesorías ambientales Total Risks Consulting continúa vigente. Desde abril de 2013 a marzo de 2014 se desempeñó como Seremi de Medio Ambiente en Valparaíso y en marzo de 2018, el presidente Sebastián Piñera lo nombró Seremi de Energía, en la misma región. La votación en la Intendencia de Valparaíso que dio luz verde al proyecto inmobiliario de Oscar Lería en Quirilluca, Puchuncaví, el día lunes 27 de mayo, contó con el voto a favor de Le Dantec.

Raúl Celis Montt es uno de los fundadores del partido Renovación Nacional y es ex presidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso. Desde marzo de 2010 a marzo de 2014 fue intendente de la Región de Valparaíso, período en que se desarrolló el primer mandato de Sebastián Piñera, y le tocó enfrentar el Fraude en la intendencia en que se descubrieron diversos proyectos falsos, desviándose incluso platas para campañas políticas municipales del año 2016, y fue condenado su jefe de Gabinete Enrique Kittsteiner, quien se encuentra prófugo de la justicia hasta el día de hoy; y también fue condenado también su jefe de finanzas Sergio Núñez. Durante el 2015, también figuraba como juez árbitro del Centro de Arbitraje de la ciudad y como abogado asesor de empresas como Scotiabank y Puerto Ventanas. Es además, miembro del Consejo Editorial del Mercurio de Valparaíso, tribuna desde donde se ha promovido su candidatura a Gobernador Provincial. En junio de este año anunció que no descarta postular al cargo de Gobernador Regional de Valparaíso. Tiene 268 acciones en la empresa CBLS Ambiental, por la suma de $2.680.000, lo que representa el 33,5% de la empresa.

Rodrigo Sepúlveda Pesoa es ingeniero mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera fue Seremi de Energía de la región de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. En marzo de 2018, el presidente lo nombró Seremi de Obras Públicas de Valparaíso. Posee 266 acciones de CBLS Ambiental, lo cual suma $2.660.000 y representa el 33,25% de la empresa.

Hernán Brücher, el actual director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental, también es socio y tiene 266 acciones de la empresa, lo cual suma $2.660.000 y representa el 33,25% de CBLS Ambiental, existiendo un claro conflicto de interés y produciéndose una vulneración a la ley de probidad administrativa

En la página de la empresa, se describen los servicios que ofrece la sociedad de «servidores públicos». Una de las categorías que destaca es la Asesorías SEIA. Al abrirla se lee: “Elaboración y tramitación de Consultas de Pertinencia de Ingreso, destinadas a obtener una respuesta del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) respecto a si un proyecto debe ingresar o no al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”.

En el detalle de los servicios, entregan más pormenores sobre las prestaciones mercantiles que efectúan: “Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental: Elaboración y tramitación de Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental (DIA y EIA) de acuerdo a los requisitos legales y reglamentarios vigentes”.

También tramitan permisos ambientales sectoriales. “Elaboración y tramitación de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) en los servicios públicos correspondientes, de acuerdo a los requisitos legales y reglamentarios vigentes.

La relación público-privada que tienen los tres socios de CBLS Ambiental y Gonzalo Le Dantec con su empresa Total Risks Consulting, mientras ocupan cargos públicos, como la seremía de Energía, Obras Públicas y la dirección del SEA, establecen una conexión muy estrecha entre la presentación de proyectos de alto impacto ambiental para la comunidad y su trámite para ser aprobadas. Claramente existe un conflicto de interés entre las funciones públicas que prestan actualmente los SEREMIS, lo que vulnera la ley de probidad, y genera un ambiente proclive a actos de tráfico de influencia, es decir, posibles actos de corrupción. Contraloría General de la República, debería tomar cartas en este asunto de suma gravedad y que atenta contra la transparencia.

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