La huella de los asesores que pertenecían a fundaciones ecologistas y que ahora trabajan en el Ministerio de Medio Ambiente.

Al menos cuatro llegaron durante el gobierno de Gabriel Boric a la cartera liderada por Maisa Rojas. Otro par lo hizo al Ministerio de Economía, dos ámbitos donde el Ejecutivo ha sido blanco de críticas por el impacto de la permisología en el desarrollo económico. Otros cuatro hicieron el camino al revés: del gobierno a ONG’s.

En la práctica, cuando comenzó a estar en funciones, los sectores productivos comenzaron a alegar un exceso de celo de las nuevas autoridades para otorgar permisos ambientales para nuevos proyectos económicos y, en paralelo, las organizaciones medioambientales empezaron a desencantarse de un gobierno del que esperaban cambios más radicales.

En la práctica, cuando comenzó a estar en funciones, los sectores productivos comenzaron a alegar un exceso de celo de las nuevas autoridades para otorgar permisos ambientales para nuevos proyectos económicos y, en paralelo, las organizaciones medioambientales empezaron a desencantarse de un gobierno del que esperaban cambios más radicales.

En respuesta a las primeras críticas, el Presidente Boric envió en enero de 2024 al Congreso el proyecto de “ley marco de autoridades sectoriales” o “ley de permisología”, cuyo texto reconoce que “una economía robusta, que sostenga mayores tasas de crecimiento, inversión y productividad, será necesaria para enfrentar las diversas crisis ambientales”, proyecto que es rechazado por algunas ONG’s ambientalistas.

No obstante, en una columna de opinión del viernes 25 de abril en El Mercurio, la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, advirtió que si bien el gremio apoya ese proyecto de ley, por cuanto ayudaría a superar trabas, hay otras iniciativas legales “que están pasando desapercibidas a pesar de que afectan gravemente a los proyectos de inversión desde el punto de vista de la certeza jurídica”.

Y es que, pese a las críticas de ambientalistas, dentro del “corazón verde” del gobierno -el Ministerio de Medio Ambiente- viven funcionarios con miradas más conservadoras en ese sentido, y que incluso antes de trabajar en el Ejecutivo, lo hacían en fundaciones ecologistas. En el caso de Medio Ambiente son cuatro, mientras que en el Ministerio de Economía hay al menos dos, primando justamente asesores jurídicos y de gabinete que tienen cierta incidencia en los temas legislativos y de políticas públicas.

También ha ocurrido al revés: personas que trabajaron en el gobierno, ahora lo hacen en organizaciones no gubernamentales ligadas a la protección del medio ambiente.

Medio Ambiente: promotora de una “Constitución ecológica” y un candidato a constituyente

Sebastián Aylwin Correa es jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente (contrata, grado dos, $5.239.394). Es abogado de la Universidad de Chile, de donde fue dirigente estudiantil (vicepresidente de la Fech) y desde donde conoce al Presidente Gabriel Boric, siendo uno de los fundadores del partido Comunes.

Antes de arribar al Gobierno, el especialista en derecho ambiental fue asesor legislativo de la diputada Camila Rojas, asesor de la mesa técnica constituyente por Comunes y luego se hizo conocido por postular a constituyente por el distrito 14 de la Región Metropolitana.

En su programa de candidatura abogaba por pasar de un Estado subsidiario a uno solidario y, en efecto, dedicaba gran espacio al medio ambiente, donde proponía el “reconocimiento de los derechos de la naturaleza en sí, no como un mero instrumento humano”, una “participación ciudadana vinculante de los territorios y comunidades afectadas por proyectos de inversión con impacto ambiental y, en general, democratizar las decisiones ambientales” y recuperar la “soberanía nacional de los recursos naturales (…). La desmercantilización de recursos naturales es un proceso que hará que la reforma agraria parezca algo menor”.

Entre junio de 2020 y marzo de 2023, el sobrino nieto del ex Presidente Patricio Aylwin, fue asesor de Greenpeace. Desde su posición de socio de Arellano-Aylwin, lideró la estrategia judicial de la ONG que solicitó la invalidez administrativa del proyecto minero Dominga.

Según su perfil en el ministerio, se especializa “en los procedimientos a cargo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica”.

Victoria Belemmi Baeza es abogada de la Universidad de Chile y desde el 23 de marzo de 2022 trabaja como asesora de contenidos del gabinete de la ministra (contrata en grado 5, $4.250.750 brutos en marzo). Anteriormente, desde 2015 y por siete años, fue abogada del equipo de litigios y luego coordinadora de estudios de la fundación Fima (Fiscalía del Medio Ambiente), ONG que reclamó la ilegalidad de concesiones para la crianza de salmones en territorio kawésqar.

Posteriormente, desde la fundación, trabajó arduamente por una “Constitución Ecológica” y el “acceso a la justicia ambiental”. En 2021 fue coautora del libro “Repensando la regulación de las aguas: crisis socioambiental y proceso constituyente. Actas de las III Jornadas del régimen jurídico de las aguas” de DER ediciones (del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero).

También participó en la séptima sesión de la II Escuela del Agua: «Áreas marinas protegidas: conflictividad socioambiental en los usos del maritorio» -concepto que se usó durante la discusión constitucional- y que fue organizada por la fundación Friedrich Ebert en Chile (creada por el Partido Socialdemócrata Alemán) y la Fundación Por la Democracia FPD.

En la sección de diseño regulatorio del ministerio, trabaja el abogado Franco Arias Contreras. Él llegó en febrero de 2023 y tiene como misión dar seguimiento y prestar asesoría jurídica al ministerio en la formulación y diseño de proyectos de ley e indicaciones, y revisar anteproyectos de ley con normas de carácter ambiental, entre otras labores relacionadas.

De estudiante, en la Universidad Diego Portales, ya mostraba interés por el tema, siendo ayudante del Programa de Derecho y Política Ambiental, y antes de egresar en 2020, fue, según él mismo publica en LinkedIn, “ayudante del equipo de estudios” de la Fundación Fima por cinco meses, consultor jurídico de Oceana por otros cinco meses y pasante de la ONG Defensoría Ambiental por ocho meses (a donde después regresó).

En el marco de un proyecto Fondecyt, en 2023 publicó en la Revista de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, respecto de “los posibles estándares de justicia ambiental aplicables en el ejercicio de las potestades de fiscalización, sanción y cumplimiento ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)”, tomando en cuenta “la aplicación de estos instrumentos en ciertas comunas que han sido  catalogadas  como  ‘zonas  de  sacrificio’  (Coronel,  Huasco,  Tocopilla,  Quintero  y  Puchuncaví)”.

En 2021 participó en el estudio “Normativa aplicable a la industria del salmón en Chile: brechas con los estándares internacionales en materia ambiental, laboral y de derechos humanos”, apoyado por la  Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Danish Institute for Human Rights, donde se indica que “la regulación de la acuicultura propiamente tal, muestra importantes lagunas y crea incentivos contraproducentes a la protección de los derechos humanos, incluyendo de los pueblos indígenas, laborales y la protección del medioambiente”.

La ingeniera forestal Catalina Cifuentes Meléndez trabaja desde 2022 como profesional del gabinete de Medio Ambiente (grado 4, $3.670.541), pero también es presidenta y representante legal de la ONG Yanapanaku, que según su Linkedin, apoya “a juntas de vecinos u organizaciones locales sin fines de lucro que busquen levantar proyectos sustentables que beneficien a un conjunto de vecinos o a una comunidad”, pero que también es parte del Movimiento Agua y Territorios, “compuesto por diversas comunidades y organizaciones eco-territoriales, desde el Norte hasta el Sur de Chile/Wallmapu, que están en la defensa de sus espacios frente al Estado y las empresas extractivistas de tipo minero, energético, forestal, agroalimentario, pesquero, inmobiliario e industrial”.

Cifuentes formó parte de la Comisión Técnica de la organización que por estos días está en contra de la ley de autorizaciones sectoriales (o “ley de permisología”) presentada por el Gobierno por considerar que busca eliminar “las ya débiles normas ambientales actuales”. En ese marco ofreció charlas como el “Ecofeminismo anti extractivista para la protección de la naturaleza y el buen vivir”.

Según su Linkedin, también fue directora ejecutiva de la Fundación Decide, que buscaba “contribuir al avance de las luchas territoriales urbanas, socioambientales y regionales”, y una de las integrantes de la Sociedad Civil por la Acción Climática, articulada por la fundación alemana Heinrich Böll Cono Sur.

Rocío Fondón González presta asesoría legislativa al gabinete de la ministra Maisa Rojas desde abril de 2024, pero anteriormente fue asesora legislativa del diputado Jaime Sáez (FA). Además, por cuatro años fue ayudante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile (2019-2023).

Ministerio de Economía: énfasis en lo pesquero

Desde enero de este año en el Ministerio de Economía trabaja Ignacio Martínez Jadue. El abogado prestó servicios entre agosto de 2022 y abril 2024 en el Ministerio de Medio Ambiente asesorando a la ministra Maisa Rojas “en todas aquellas materias que tengan relación con la coordinación legislativa”. Ahora su labor está mucho más acotada, pues su asesoría es para “la elaboración de normativa sectorial pesquera y servir de contraparte con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en la elaboración de dicha normativa” y asesorar en materia de acuicultura.

Según Redvalparaiso.cl, entre Medio Ambiente y Economía, tuvo un paso controvertido por la Subsecretaría de Pesca (aunque no figura en Transparencia Activa). Esto, porque Martínez fue abogado de la fundación Terram, organización crítica de políticas pesqueras desde donde publicó “estudios y artículos apoyando el ordenamiento del borde costero en Chile, el que se refleja hoy en la Ley Lafkenche, que otorga a comunidades indígenas la posibilidad de reclamar extensas áreas marítimas de uso ancestral”. Uno de sus trabajos con Terram fue “Bases para una propuesta de ley marco sobre la protección y gestión costera en Chile”, de julio de 2022.

La abogada Raquel Águila Kiwi colaboró con la fundación Fima antes de llegar a Economía y sus estudios se han centrado en los derechos en el área constitucional. En 2021 con Fima escribió “La consagración jurídica de un modelo de desarrollo en la Constitución de 1980 y sus consecuencias ambientales: reflexiones para la transición ecológica”. Antes, en Críticaurbana.com, compartió los escritos «La protección del medio ambiente en la Constitución de Chile» y «Derecho de propiedad en Chile. Hacia una concepción no liberal».

La profesional llegó a honorarios al gabinete del ministro de Economía en 2022 para asesorarlo en “materias legislativas relativas a la normativa pesquera” y en 2023 trabajó en la Subsecretaría de Pesca, asesorando al subsecretario “en materias de políticas públicas sectoriales, especialmente en lo relativo a acuicultura y régimen de espacios costeros marinos de pueblos originarios”. En 2024 regresó a Economía como abogada de la División Jurídica (contrata, grado 6, $5.594.576 brutos).

También hay exintegrantes de ONG’s ambientalistas en la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía y en el Ministerio de Desarrollo Social. En el primer caso, se trata del cientista político Saúl Alfredo Sepúlveda, encargado regional del Fondo Social Presidente (entre otras varias funciones), presidente regional del Frente Amplio en la zona y por tres años, supervisor de Greenpeace. La segunda persona corresponde a Carolina Garrido, quien está a cargo de las relaciones públicas de la subsecretaría en Los Lagos y quien antes se desempeñó como coordinadora de la Tompkins Conservation Chile por cuatro años.

El viaje al revés: del gobierno a fundaciones

Hay por lo menos cuatro personas que pasaron de trabajar en servicios públicos relacionados con la permisología y el medioambiente, que ahora están en fundaciones ecologistas.

El biólogo marino Felipe Paredes trabajó en un proyecto (honorarios) todo 2024 en el Ministerio de Economía en el marco del “Programa de seguimiento pesquerías bajo régimen de mareas de manejo”, y en paralelo, se desempeñaba como director de Política Marina y Protección de Hábitats de Oceana Chile. Actualmente es director de “Campañas de Protección de Hábitats”, según aparece en la página de la organización.

Pero el biólogo es un viejo conocido en el ámbito gubernamental. En 2015 entró a trabajar al Ministerio de Medio Ambiente a contrata. En 2018 aparece como “profesional del Departamento de Áreas Protegidas” y en 2021, siendo parte de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), lo nombró vicepresidente de Tema Marino, cuestión que destacó el ministerio en su web. En julio de 2023 ya no aparece en la nómina de trabajadores de esa repartición, aunque según se ve en Transparencia, por esos años evaluaba informes en Economía.

En junio de 2023 dejó de trabajar en el gabinete de la ministra de Medio Ambiente (“asesorías de relaciones políticas en el Congreso”) Cristóbal Correa Yunis. Quien antes fuera asesor legislativo de Cristina Girardi, es desde agosto de 2023 a la fecha, director de campaña en Oceana.

En la misma organización trabaja desde 2018 César Astete, como actual director de Campañas de Pesca. Antes, fue jefe de asesores de la Subsecretaría de Pesca y, durante la implementación de la Ley de Caletas Pesqueras, trabajó en el Departamento de Pesca Artesanal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

Silvana Espinoza Yáñez, en tanto, trabajó entre 2018 y junio de 2022 en la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, uniformando y consolidando bases de datos de los derechos de aprovechamientos de aguas no consultivos. La geógrafa es desde septiembre de 2022 vocera de Greenpeace Chile.

FUENTE: El Libero.