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VECINOS DE MIRAFLORES SE UNEN A VIÑA TRANSPARENTE, EN DEFENSA DE INMUEBLE DESTINADO A RECINTO DEPORTIVO Y RECURREN A LAS JUSTICIA.

Javier Gómez, abogado de la agrupación ciudadana Viña Transparente, junto a miembros de diversas agrupaciones vecinales, interpusieron un recurso de protección en contra de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar, y en contra de su Presidente Julia Isabel Díaz Rojas, por la ilegalidad de la venta del inmueble destinado para la comunidad con el fin de construir un recinto deportivo. 

El día 18 de febrero de 1982, el SERVIU dictó la resolución 060 que señalaba en su parte pertinente:“Véndase a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar, un inmueble de propiedad de este servicio ubicado en la Población Miraflores Alto, Viña del Mar, de una superficie de 25758 m2 e individualizado en el plano de Loteo S.V. 42 como lote Nº 34, CON EL OBJETO DE HABILITAR UN COMPLEJO DEPORTIVO.” Hoy transcurridos 38 años surge un conflicto pues la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar, encabezada por doña Julia Isabel Díaz, tomó la determinación contraria y decide entre varios cuestionamientos, especular inmobiliariamente, y vender al mejor postor un valioso terreno donde hoy debería levantarse un Centro Deportivo para el barrio de Miraflores. La comunidad está en pie de guerra.

          Los cuestionamientos.

           Javier Gómez, explica a www.poderinformativo.cl que la problemática es múltiple y tiene varias aristas. En cuanto a la finalidad a que debe destinarse sin duda que debe respetarse el uso deportivo, ya que estos inmuebles fueron vendidos por parte del SERVIU, a precios muy bajos con la finalidad de que la comunidad tuviese un centro deportivo, actividad clave, para una ciudad. La ley del deporte regula estos casos y sin duda, que la finalidad debe mantenerse por la propietaria, a quien se le entregó un mandato claro por la autoridad y que no ha cumplido: «construya un centro deportivo», no le dijo: «especule inmobiliariamente, y lucre con el terreno», cuestión que además está prohibido expresamente por la Ley de Juntas de Vecinos, no puede realizar actividades lucrativas. Es decir, aquí ya hay dos cuestionamientos importantes.

        «Apernada» en el cargo.

       Otro cuestionamiento que se realiza en el recurso de protección, es que la Sra. Julia Isabel Diaz, lleva 18 años en el cargo, cuando la ley de municipalidades permite un máximo de una reelección como Directora, es decir, le permite estar un total de cuatro años, ya que cada período de la Directiva es de dos años. No podemos entender que ni el Tribunal Electoral Regional, cuando esta institución calificaba las elecciones, como el Municipio, que también revisa la legalidad de las elecciones. Cualquier exceso en el cargo que autoriza la ley, es nulo así como las decisiones que ella tome en el cargo que ilegalmente ocupa, por tanto la determinación de vender, así como los mandatos de venta conferidos, como una eventual venta sería del todo ilegal y carecería de valor a los ojos de la ley. Es una cuestión muy obvia. Lamentable hay varios casos similares en las Uniones Comunales, Agrupación de Juntas de Vecinos y Juntas de Vecinos. Gómez señala: la participación ciudadana y los organismos de la sociedad civil, son muy importante para la sociedad democrática, comenzaremos a revisar celosamente situaciones similares. Además, en este caso en particular, también ocupa un largo tiempo la Presidencia de la Junta de Vecinos Nueva Granadilla; y además por ya seis o siete años, ocupa la Presidencia del COSOC. Esto sucede, y hablo a título personal, cuando los dirigentes vecinales, empiezan a servir intereses políticos, son respaldados para estar en cargos en que los políticos tienen gente de «su confianza», incluso aunque ello viole abiertamente la ley. Estas lógicas hay que extirparlas, dañan la representación y renovación de autoridades a nivel vecinal, y con ello, la legitimidad de las autoridades de las Juntas de Vecinos.

       Cuestionamiento del proceso electoral realizado en noviembre de 2019.

       Los vecinos, además del abogado, cuestionan el proceso electoral de elección de de Julia Isabel Díaz, en primer lugar, como ya se dijo, por las reiteradas re elecciones en el cargo transgrediendo el número máximo de ellas. Solo eso ya transforma su elección en ilegal, y por ende, en nula. Y si es nula, no puede convocar a asambleas ni menos determinar la venta de inmuebles.

     Pero además, votaron en el proceso electoral realizado en noviembre de 2019, una serie de Juntas de Vecinos de Forestal, que pertenecen por jurisdicción territorial a la Unión Comunal de Forestal.  Desconocemos si también lo hicieron otras Juntas de Vecinos que pertenecen a otras Uniones Comunales. Este desorden demuestra la falta de rigor que existe en en el trabajo de DIDECO, apunta Gómez. Las juntas de vecinos no son libres de asociarse a la Unión Comunal que quieran, tienen el deber por expreso mandato de la ley, de asociarse a la jurisdicción que naturalmente les corresponde. Cada Unión Comunal, tiene un límite territorial, al cual debe atenerse las juntas de vecinos; al igual que los vecinos respecto de sus Juntas de Vecinos ¿Como es posible que juntas de vecinos de Forestal elijan autoridades, discutan temas relevantes de una Unión Comunal, o determinen con sus votos la venta de una propiedad de un sector territorial, al cual no pertenecen ni viven?. Esto constituye una clara causal de nulidad de la elección de la directiva de la Unión Comunal, encabezada por doña Julia Isabel Díaz Rojas.

        Además, la directiva de la Junta de Vecino a la cual representa la Presidente, caducó, terminando su período, lo que se constituye en una causal de inhabilidad sobreviniente para seguir ejerciendo el cargo de Presidente de la Unión Comunal.

Cuestionamiento formal al proceso de venta.

       Otro cuestionamiento que se realiza al proceso de venta de la propiedad destinada a la construcción de un recinto deportivo, es que este se debe  aprobar en asamblea general EXTRAORDINARIA de socios, lo que hasta el momento no hay testimonio alguno de que se haya realizado, ya que en las variadas ocasiones que se solicitó por parte de los vecinos que se exhibieran las citaciones, y las actas de la asamblea, siempre se rehuyó por parte de la Directiva. Hasta el día de hoy, no hemos podido ver el acta de asamblea que haya determinado la venta de tan preciado terreno para la comunidad. Esto explica Gómez, es lo contrario a un actuar transparente, es actuar de manera obscura, equívoca, en el sentido contrario de lo que exige la ley 19.418 que da plena publicidad y transparencia a los actos y determinaciones que toman las Directivas y las asambleas, dando acceso pleno a los vecinos a tales actos. Aquí no se ha respetado ese derecho de los vecinos de Miraflores, y que sin duda, haremos respetar tales derechos. Y si hubo asamblea, y votaron juntas de vecinos que no pertenecen a la jurisdicción territorial, esa asamblea que determinó la venta de la propiedad destinada a uso deportivo, también es nula.

      Ahora la palabra la tiene la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien determinará, si protege el derecho de los vecinos y su pretensión de tener un recinto de deportivo.

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